Alberto Rodríguez Saá hizo designar con la complicidad de sus legisladores a tres funcionarios para que sigan después del 10 de diciembre

“Lo que más me preocupa es quién va a cuidar de ustedes a partir del año que viene…”. La frase, en ese tono paternal que tanto le gusta para ejercer su dominio, se la dijo el gobernador Alberto Rodríguez Saá a un colaborador directo.

Fue hace un par de meses, cuando en Terrazas del Portezuelo ya se olía la derrota electoral a pesar de las dádivas y los aprietes con los que intentaron poner de su lado a la gente más humilde y que más depende del Estado para subsistir. Un ejercicio preciso de ese ‘pobrismo’ (frase que tiene el copyright de Miguel Pichetto) que tanto explotó el kirchnerismo en sus dos décadas en el poder y que se reflejó muy bien en San Luis con las sucesivas gestiones del autodenominado padre de la puntanidad.

Pero el gobernador no se quedó en la preocupación, pasó a los hechos. Una vez consumada la victoria de Claudio Poggi, que por obra y gracia del adelantamiento de las elecciones al que acudió el oficialismo en su desesperación recién se podrá cristalizar en diciembre, comenzó a “cuidar” de sus hijos dilectos. Esos funcionarios que no funcionan pero que son de su riñón, o bien amigos de su hijo, el ministro de Obras Públicas, que siempre los cobijó.

Primero les aseguró un conchabo estatal con pretensiones de estabilidad a unos cincuenta colaboradores a través de la Ley sancionada a las apuradas la semana pasada. Ayer infiltró en el futuro gobierno a gente de su confianza nombrándolos en cargos con cierto grado de independencia que hasta ahora no se había molestado en ocupar.

Un caso paradigmático es el de Defensor del Pueblo, el famoso ombudsman. Allí le compensó el favor de inmolarse en las elecciones para intendente de la ciudad de San Luis a Enrique Ponce, un hombre que ya demostró una camaleónica habilidad para cambiar de partido, de ideas y de fidelidades.

La misión de Ponce, claramente, será la de obstruir la gestión del futuro gobierno enquistado en las estructuras de un Estado que Rodríguez Saá está empecinado en ampliar con amigos y militantes. Por eso también nombró, con la anuencia de su mayoría en la Legislatura totalmente adicta que algún día tendrá que rendir explicaciones a los puntanos por sus actos, a dos funcionarios en el Tribunal de Cuentas. Se trata del contador general Daniel Marone y de Cecilia Badaloni, la actual secretaria de Finanzas.

Nunca mejor puesto el nombre de “gobierno paralelo” que ya denunció Poggi ante la multitud que lo acompañó el último lunes en la marcha para pedir el fin de estos atropellos institucionales. El flamante gobernador electo apuntó estos cargos como “guaridas”, que además implicarán más gasto político para una provincia con las arcas exhaustas por el despilfarro de los últimos años.

Ponce ya había sido premiado con un contrato como asesor, con un sueldo de 800 mil pesos para ser funcional a la fallida reelección de Sergio Tamayo. Ahora le reconocen el esfuerzo vano con este nuevo cargo, la Defensoría del Pueblo, una estructura que fue vaciada por el propio Rodríguez Saá en 2004, cuando no quería que nadie osara meter las narices en su gestión. Por entonces, a ningún diputado o senador de la amplia mayoría oficialista se le ocurrió pedir que mantengan al ombudsman en su puesto. Siempre les gustó la discrecionalidad.

Marone, como contador general, ostenta un cargo clave en la estructura del Ejecutivo, ya que se ocupa de justificar año a año los balances, que desde hace rato muestran el déficit, por lo que recurre a todos los malabares posibles con la ayuda inestimable de los medios adictos, que publican un superávit que no es tal. ¿Tendrá la ética suficiente para excusarse de auditar el gasto de la actual administración desde su nuevo cargo? Parece improbable.

Es funcionario del Gobierno en forma ininterrumpida desde 1988. De los 35 años que lleva en la gestión pública, 21 se desempeñó como contador General y ahora consintió que lo nombren por la minoría, es decir la oposición, por dos años más.

Con su designación Rodríguez Saá y sus legisladores forzaron la Constitución. Un bochorno institucional.

Badaloni es la actual secretaria de Finanzas, un organismo por donde pasan millones de pesos del presupuesto y que se ha convertido en una ventanilla que entrega préstamos, sobre todo en épocas preelectorales. Buena parte de los fondos del “Plan Platita” pasaron por su ministerio. Hasta donde se sabe solo en marzo le giraron del Tesoro a su organismo aportes no reintegrables por $3 mil millones. Conoce al dedillo la estructura impositiva de San Luis, ya que fue directora de Rentas durante más de una década.

Obstruir, gastar obscenamente lo poco que queda, mantener un ánimo revanchista sin importarle el destino de miles de puntanos sumidos en la pobreza. Rodríguez Saá está manchando su legado para siempre.